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Yeni Berenice Reynoso asume como procuradora general con el reto de fortalecer la lucha contra la corrupción

En un acto solemne celebrado en el Palacio Nacional, la magistrada Yeni Berenice Reynoso ha sido juramentada por el presidente Luis Abinader como la nueva Procuradora General de la República. Su designación, aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), marca un hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Reynoso, reconocida por su trayectoria intachable y su firmeza en la defensa de la legalidad, asume el liderazgo del Ministerio Público en un momento crucial. La sociedad dominicana espera que su gestión impulse una transformación profunda en el sistema judicial, garantizando la independencia y eficiencia en la persecución de los delitos.

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, saludó con entusiasmo la designación de Reynoso, destacando su compromiso con el Estado de derecho y su valiosa contribución a la lucha contra la corrupción. "Con la elección de Berenice gana el país y la institucionalidad", afirmó Potentini.

La nueva procuradora general cuenta con una amplia trayectoria en el Ministerio Público, donde se ha distinguido por su enfoque en la modernización del sistema procesal penal. Su experiencia como procuradora fiscal de Santiago y su rol como procuradora general adjunta la han preparado para enfrentar los desafíos que implica su nuevo cargo.

Entre los retos que deberá afrontar Reynoso, se encuentran la continuidad de los casos abiertos, la necesidad de demostrar imparcialidad en los nuevos procesos y la lucha contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo aquellas que puedan surgir en la actual administración.

La sociedad dominicana espera que la gestión de Yeni Berenice Reynoso marque un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Su prestigio como fiscal agresiva y determinada la precede, pero ahora su desafío es aún mayor: debe ejercer su rol sin responder a presiones políticas, equilibrar la balanza y demostrar que en República Dominicana la ley se aplica igual para todos, sin distinción.