Un Código Penal Estancado en la Controversia
El debate sobre la aprobación del nuevo Código Penal de la República Dominicana ha vuelto a encender las tensiones en el Congreso, con posturas encontradas entre legisladores, grupos de la sociedad civil y sectores políticos. Mientras el oficialismo busca acelerar su aprobación sin incluir la despenalización del aborto en las tres causales, la oposición denuncia que el proceso legislativo ha sido manipulado para silenciar el debate.
Senado Avanza sin las Tres Causales
El senador Ramón Rogelio Genao aseguró que el Código Penal avanza hacia su aprobación sin modificaciones en materia de aborto, argumentando que el artículo 37 de la Constitución impide cualquier excepción a la penalización del mismo. Según el legislador, la principal barrera para aprobar la reforma ha sido la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, más que la controversia sobre las tres causales.
Desde la oposición, el senador Yván Lorenzo (PLD) denunció que el oficialismo ha conformado una comisión parlamentaria con una mayoría desproporcionada de legisladores provida, lo que bloquea cualquier posibilidad de debatir la despenalización del aborto en casos de violación, riesgo de la madre o malformaciones fetales. Lorenzo recordó que el PRM, partido de gobierno, había asumido en 2016 el compromiso de apoyar las tres causales, pero ahora ignora ese acuerdo
Organizaciones Civiles y el Nuevo Proyecto de Ley
Paralelamente, diversas organizaciones sociales y religiosas presentaron un proyecto revisado del Código Penal a la Cámara de Diputados, argumentando que la propuesta actualiza normativas en temas como corrupción, fraude, pederastia y violaciones a la propiedad. Damaris Patrocinio, portavoz de los grupos cristianos y de mujeres, subrayó que se trata de la reforma más moderna en décadas, e instó a los legisladores a aprobarla sin dilaciones.
Entre los cambios destacados, la iniciativa propone que los delitos de corrupción no prescriban, alineándose con la Convención Interamericana Contra la Corrupción. También endurece sanciones para crímenes graves y fortalece herramientas jurídicas para combatir la delincuencia.
Abel Martínez y el Código Obsoleto
El ex presidente de la Cámara de Diputados y actual candidato presidencial, Abel Martínez, criticó la demora en la aprobación del nuevo Código Penal, calificando de “inaceptable” que el país siga bajo un marco legal desactualizado mientras el crimen y la impunidad avanzan.
Martínez advirtió que delitos como la trata de personas, el lavado de activos y el sicariato no están debidamente tipificados en la legislación vigente, lo que impide sanciones adecuadas. “El país necesita una legislación moderna que brinde herramientas efectivas a la justicia. La inacción del Congreso solo beneficia a los criminales”, enfatizó, exigiendo que se apruebe la reforma de inmediato.
Sectores Religiosos Rechazan Penalización Rígida del Aborto
En medio del debate, la Alianza Cristiana Dominicana expresó su rechazo a la imposición de penas más severas para el aborto, advirtiendo que esto atenta contra la dignidad y los derechos de las mujeres. En un comunicado, argumentaron que la fe cristiana debe priorizar la compasión y la justicia, no el castigo desmedido.
Según esta organización, la penalización extrema del aborto ignora las circunstancias humanas complejas y se aleja de los principios de misericordia y empatía promovidos por la propia doctrina cristiana. Instaron a los legisladores a reflexionar y abrir el diálogo sobre el tema.
¿Habrá finalmente un nuevo Código Penal?
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que la última vez que el Código estuvo cerca de aprobarse, fue bloqueado por una coalición de legisladores con posturas opuestas, no por presiones internacionales. Sin embargo, reconoció que hay un fuerte clamor social para que la reforma avance.
Mientras algunos sectores exigen una aprobación inmediata y sin cambios, otros advierten que sin un debate inclusivo, el país podría terminar con un Código Penal que no represente a toda la sociedad. Con un Congreso dividido y presiones desde todos los frentes, el destino de la reforma sigue siendo incierto.