Santo Domingo, RD – En una decisión sin precedentes, el presidente Luis Abinader ha declarado formalmente como organizaciones terroristas a las numerosas bandas criminales que operan en Haití. Este anuncio, realizado durante su quinta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional con motivo del 181 aniversario de la Independencia Dominicana, marca un punto de inflexión en la estrategia del gobierno dominicano para abordar la creciente crisis de seguridad en el vecino país.
Mediante el Decreto 104-25, Abinader ordenó la activación inmediata del Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, organismos creados por la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo de 2008. La medida implica que cualquier miembro de las bandas haitianas que intente ingresar a territorio dominicano será perseguido, arrestado y juzgado bajo las severas leyes antiterroristas de la República Dominicana, que contemplan penas de hasta 40 años de prisión.
"No habrá tolerancia ni consideración alguna para quienes atenten contra la seguridad y la paz del pueblo dominicano", advirtió con firmeza el presidente Abinader ante los legisladores, subrayando la determinación de su gobierno de proteger la integridad territorial y la seguridad nacional. La decisión llega en un contexto de profundo deterioro de la situación en Haití, donde las bandas criminales han extendido su control a Puerto Príncipe y el sur del país, perpetrando actos de extrema violencia y barbarie que, tan solo el año pasado, dejaron más de 5,000 víctimas mortales.
El decreto presidencial identifica explícitamente a una extensa lista de organizaciones como terroristas, incluyendo nombres como Delmas 6, 5 Segond, Kraze Barye, 400 Mawozo, Grand Ravine, Taliban/Canaan y muchas otras (ver listado completo adjunto). Esta designación no solo endurece la respuesta legal contra los miembros de estas bandas, sino que también amplía las facultades de las fuerzas de seguridad dominicanas para implementar estrategias de vigilancia, inteligencia y respuesta táctica con mayor rigor en la frontera y en todo el territorio nacional.
¿Qué implica la designación de terroristas?
Desde el punto de vista legal, la declaración de terrorismo tiene implicaciones significativas. La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en concordancia con la Ley 267-08, establece penas de prisión de 30 a 40 años para los responsables de actos terroristas. Además, la activación de la ley antiterrorista faculta a los organismos de seguridad del Estado a tomar "las providencias apropiadas para prevenir las incursiones" de estos grupos y proteger los intereses dominicanos, tanto dentro como fuera del país.
La Ley 267-08 define como actos de terrorismo aquellas acciones que, mediante el uso de medios indiscriminados o atroces, buscan provocar muertes, heridas o graves daños materiales, con la finalidad de atemorizar a la población, ejercer retaliaciones o afectar las relaciones del Estado dominicano con otros países. Las sanciones contempladas en esta ley son variadas y severas, incluyendo penas de prisión por atentar con explosivos, atacar infraestructuras estratégicas, tomar rehenes, financiar el terrorismo y otros delitos relacionados.
Reacciones y posturas ante la medida
La decisión del presidente Abinader no ha estado exenta de reacciones. Mientras que algunos sectores políticos y sociales han expresado su apoyo a la medida, considerándola necesaria y contundente para proteger la seguridad del país, otros han manifestado reservas o críticas.
Rafael Castillo, diputado y vocero del partido La Fuerza del Pueblo (FP), criticó el decreto, argumentando que ya existe una ley antiterrorista vigente y que la activación de un nuevo decreto era innecesaria. Castillo sugirió que el presidente Abinader no fue "bien informado" antes de emitir el decreto, y que lo procedente habría sido simplemente aplicar la ley existente.
En contraste, Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, valoró positivamente la declaración de terrorismo, aunque enfatizó que lo fundamental en este momento es reforzar la seguridad fronteriza y adoptar castigos severos contra militares o funcionarios dominicanos involucrados en el tráfico de indocumentados haitianos. Gómez Ramírez calificó el tráfico de personas como "crímenes de lesa patria" y abogó por mantener e incluso incrementar las repatriaciones de indocumentados haitianos.
Desde el ámbito religioso, Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), respaldó la medida del gobierno y exhortó a las autoridades a reforzar la seguridad fronteriza con más tecnología y efectivos militares.
Listado de bandas haitianas declaradas terroristas:
Delmas 6, 5 Segond, Kraze Barye, 400 Mawozo, Grand Ravine, Taliban/Canaan, Baz Gran Grif / Gang Savien, Kokorat San Ras, Haut Belair/Argentins, Belekou, Ti Bois, Krache Dife, Chabon, Wharf Jérémie, Gang de Piei TC VI, Simón Pelé, Nan Boston, Baz Pilate, Chyen Mechan, Fort Dimanche, Gang de Tokyo, Chancerelles, Carrefour Drouillard, Terre Noire, Brooklyn y Mariani.
